El proyecto para la reforma de la ley de extranjería presentada por el Gobierno el pasado mes de Noviembre merece por parte de CC.OO. una valoración crítica en el la forma y fondo.
En la forma, por solo dar a conocer por parte del Gobierno a los interlocutores sociales lo relativo a ámbito laboral y alguna cuestión social, y hacer con rapidez el trámite de consulta truncando la voluntad negociadora, creando un ámbito institucional fallido.
A esto hay que añadir la responsabilidad del Gobierno de dejar trascurrir su primera legislatura sin reformar la ley y demorarse en la adopción de Directivas comunitarias así como proponerla en un momento de grave crisis económica generando alarma social respecto al papel de los emigrantes en nuestra sociedad.
Finalmente también es responsable de permitir que el PP asuma la agenda política sobre la reforma de ley, ya de por si restrictiva, como ocurrió en 2000 y 2003 plasmando una ley con propuestas legales ineficaces e inaplicables.
Respecto al fondo, distinguimos aspectos positivos y negativos.
Entre los positivos mencionamos la incorporación de los derechos fundamentales para todos los extranjeros aunque con dudas en derecho de educación de niños irregulares o asistencia jurídica gratuita.
Otro aspecto positivo, es incluir La Norma Comunitaria de reagrupación familiar y residentes de larga duración e investigadores así como el derecho a sufragio y voto aunque no se extienda a residentes de larga duración,
También es un hecho positivo, la equiparación a reagrupación por uniones libres y pareja de hecho, asimismo resulta interesante el hecho de que la autorización de residencia por motivos de reagrupación familiar vaya acompañada de autorización para trabajar si el reagrupado tiene edad de trabajar, aunque puede ser contradictorio el que se limiten esas autorizaciones a ocupaciones concretas o en función de situación nacional de empleo.
Es positiva la aparición de silencio administrativo de la Disposición Primera del texto, y el endurecimiento en la sanción a empresarios o personas que emplean a extranjeros irregulares sin darles de alta a la S.S., o con autorizaciones no aptas para sector o ámbito geográfico.
Creemos positivo potenciar el dialogo social, elevando a rango de ley la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, siempre que se concreten las competencias respecto al catálogo de ocupaciones y en materia de contratación de dicha Comisión.
En cuanto los aspectos negativos destacamos:
La “deslegalización” generada por la interpretación del término “tiempo de residencia legal en España” como elemento modulador para el acceso a determinados derechos de carácter social.
Criticar la restricción de reagrupación familiar respecto a los ascendientes, limitándola para cuando sean mayores de 65 años y solo cuando el reagrupante disponga de autorización de residencia de larga duración.
También es criticable el plazo de internamiento, en línea con la Directiva de retorno, aumentándolo y pasando de 40 a 60 días en la nueva redacción
Errores de redacción que pueden causar confusión y reinterpretables a la espera del reglamento
Negativo es la pérdida de derechos laborales del trabajador extranjero en situación irregular en cuestiones de desempleo o percibir una prestación,
En definitiva cabria incidir en la creación de medidas transitorias de cara a la crisis económica para que esta no repercuta en sectores vulnerables y precarios como son los inmigrantes y sus situaciones particulares.
En la forma, por solo dar a conocer por parte del Gobierno a los interlocutores sociales lo relativo a ámbito laboral y alguna cuestión social, y hacer con rapidez el trámite de consulta truncando la voluntad negociadora, creando un ámbito institucional fallido.
A esto hay que añadir la responsabilidad del Gobierno de dejar trascurrir su primera legislatura sin reformar la ley y demorarse en la adopción de Directivas comunitarias así como proponerla en un momento de grave crisis económica generando alarma social respecto al papel de los emigrantes en nuestra sociedad.
Finalmente también es responsable de permitir que el PP asuma la agenda política sobre la reforma de ley, ya de por si restrictiva, como ocurrió en 2000 y 2003 plasmando una ley con propuestas legales ineficaces e inaplicables.
Respecto al fondo, distinguimos aspectos positivos y negativos.
Entre los positivos mencionamos la incorporación de los derechos fundamentales para todos los extranjeros aunque con dudas en derecho de educación de niños irregulares o asistencia jurídica gratuita.
Otro aspecto positivo, es incluir La Norma Comunitaria de reagrupación familiar y residentes de larga duración e investigadores así como el derecho a sufragio y voto aunque no se extienda a residentes de larga duración,
También es un hecho positivo, la equiparación a reagrupación por uniones libres y pareja de hecho, asimismo resulta interesante el hecho de que la autorización de residencia por motivos de reagrupación familiar vaya acompañada de autorización para trabajar si el reagrupado tiene edad de trabajar, aunque puede ser contradictorio el que se limiten esas autorizaciones a ocupaciones concretas o en función de situación nacional de empleo.
Es positiva la aparición de silencio administrativo de la Disposición Primera del texto, y el endurecimiento en la sanción a empresarios o personas que emplean a extranjeros irregulares sin darles de alta a la S.S., o con autorizaciones no aptas para sector o ámbito geográfico.
Creemos positivo potenciar el dialogo social, elevando a rango de ley la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, siempre que se concreten las competencias respecto al catálogo de ocupaciones y en materia de contratación de dicha Comisión.
En cuanto los aspectos negativos destacamos:
La “deslegalización” generada por la interpretación del término “tiempo de residencia legal en España” como elemento modulador para el acceso a determinados derechos de carácter social.
Criticar la restricción de reagrupación familiar respecto a los ascendientes, limitándola para cuando sean mayores de 65 años y solo cuando el reagrupante disponga de autorización de residencia de larga duración.
También es criticable el plazo de internamiento, en línea con la Directiva de retorno, aumentándolo y pasando de 40 a 60 días en la nueva redacción
Errores de redacción que pueden causar confusión y reinterpretables a la espera del reglamento
Negativo es la pérdida de derechos laborales del trabajador extranjero en situación irregular en cuestiones de desempleo o percibir una prestación,
En definitiva cabria incidir en la creación de medidas transitorias de cara a la crisis económica para que esta no repercuta en sectores vulnerables y precarios como son los inmigrantes y sus situaciones particulares.
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